En medio de la persistente crisis de alojamiento en Belém, con poco más de dos meses para la COP30, se añade una nueva polémica: uno de los dos cruceros contratados por el gobierno federal como solución de emergencia no podrá recibir delegaciones de 20 países.

La restricción incluye países miembros de la ONU como Cuba, Haití, Irán, Corea del Norte, Chad, Sudán y Somalia en el barco Costa Diadema, operado por Costa Cruceros y controlado por el grupo Carnival Corporation & plc, con sede en Estados Unidos.

La razón sería un conjunto de regulaciones del grupo que impide las reservas por personas de países sin relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La medida afecta especialmente a países africanos, pero también incluye algunos de las Américas y Asia.

En un comunicado, la Secretaría Extraordinaria de la COP destacó este jueves 28 que la barrera ocurre por un "requisito de carácter internacional, que no proviene de una decisión de la empresa contratada para la operación, del gobierno brasileño, de Embratur o del Comité Nacional de la COP30".

Además del Diadema, el plan brasileño incluye el MSC Seaview, operado por otra empresa, y que no tendría ningún tipo de limitación relacionada con la nacionalidad. La selección de los operadores se realizó por convocatoria pública, con la intermediación de Qualitours, que confirmó las restricciones.

Juntos, los dos transatlánticos podrán albergar a 6,000 personas en más de 3,900 cabinas y estarán atracados en el Terminal Portuario de Outeiro. En obras, el puerto también plantea otro desafío: está ubicado a unos 20 km del centro de la capital de Pará y está separado por vías de difícil acceso, lo que podría dificultar la locomoción durante el evento.

Alojamiento por etapas y otras soluciones

Del 10 al 21 de noviembre, se espera que al menos 50,000 personas lleguen a la capital de Pará y el gobierno brasileño está tratando de sortear los desafíos logísticos e infraestructura a menos de 80 días de la gran conferencia sobre el clima.

La distribución del alojamiento seguirá etapas coordinadas por la propia ONU. En primer lugar, las cabinas se ofrecerán a los 98 países más pequeños en desarrollo y países insulares, con tarifas de hasta US$ 220 (R$ 1,210).

A continuación, las demás delegaciones podrán adquirir alojamiento por hasta US$ 600 (R$ 3,300). Uno de los aspectos positivos de los barcos es su menor huella de carbono, al evitar la construcción de nuevas estructuras que podrían quedar vacías después del evento.

Otras estrategias de Brasil para combatir los cuellos de botella incluyen la construcción de nuevos hoteles, la adaptación de escuelas públicas y otros establecimientos para funcionar como 'hostales' y asociaciones con la plataforma Airbnb.

Reunión de emergencia

Después de que un bloque de 25 países liderados por el Grupo Africano de Negociadores solicitara formalmente el cambio de sede de la COP en Belém, el gobierno brasileño comenzó a movilizarse para sortear los precios exorbitantes de los alojamientos.

Una reunión motivada por una solicitud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se celebraría inicialmente el 11 de agosto para buscar una solución. Tras ser pospuesta dos veces, finalmente reunió a representantes de la ONU y la presidencia de la COP solo el 22 de agosto.

Después de la reunión, la presidencia de la COP reafirmó que la COP30 no se moverá de Belém y que "están atentos y conscientes de la necesidad de los países, además de necesitar que vengan". Hasta entonces, solo 47 de los 196 países habían confirmado su participación.

Como tarea principal, Brasil se comprometió a garantizar alojamiento para las delegaciones de los 72 países más vulnerables y los estados insulares, con paquetes entre US$ 100 y US$ 200 para 15 negociadores.

Con la movilización a nivel estatal y federal, los precios comenzaron a retroceder y la plataforma de alquiler Airbnb informó una caída promedio del 22% en los valores de agosto en comparación con los precios altos de febrero. Por otro lado, los usuarios aún informan anuncios abusivos que ponen en duda la participación tanto de la sociedad civil como de países y empresas.

Este reportaje fue traducido con inteligencia artificial. En caso de dudas o correcciones, escriba a rafael.balago (at) exame.com.